El aumento sostenido de la inserción laboral de las mujeres es uno de los factores más destacados de la evolución reciente de los mercados de trabajo. Entre los sectores que han abierto oportunidades de empleo para las mujeres se destaca el de los servicios financieros, con intensa utilización de mano de obra femenina, elevada productividad, demanda de alto nivel educativo, uso y desarrollo de tecnologías de la información y de las comunicaciones y nuevas modalidades de gestión y organización del trabajo. Sumadas al hecho de que es un sector que pone de manifiesto los nuevos desafíos de la globalización económica frente a la equidad de género, estas características lo convierten en un ámbito atractivo para el estudio del empleo y las condiciones de trabajo.

El análisis del empleo sectorial en Chile, Costa Rica y el Uruguay muestra que las trabajadoras de los servicios financieros pueden considerarse privilegiadas en cuanto a las condiciones laborales en comparación con el resto de las mujeres que forman parte del mercado. Al mismo tiempo, también son objeto de sutiles y veladas discriminaciones que afectan negativamente sus trayectorias, los beneficios a los que acceden y los resultados que obtienen. Estas discriminaciones se producen en el acto mismo del trabajo y se expresan en una brecha salarial, en una segmentación vertical y horizontal, en barreras a la capacitación y en una escasa consideración de las responsabilidades domésticas y de cuidado que se les asigna culturalmente. Además, muchas veces se vinculan incluso con los nuevos modelos de organización y de evaluación por competencias que están incorporando las empresas.

Para superar la desigualdad que afecta a las trabajadoras es necesario contar con acuerdos intersectoriales e interinstucionales. En este libro se reseñan algunas iniciativas llevadas a cabo en los países considerados y se analizan la legislación y las regulaciones del trabajo, realizándose una significativa contribución al debate sobre la ciudadanía laboral y económica de las mujeres y las políticas públicas antidiscriminatorias.